Despenalizando la inmigración
La ley de inmigración de los Estados Unidos criminaliza a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a través de una serie de leyes injustas y sanciones cada vez más severas.
Las cuales son impuestas no solo a quienes ingresan a los Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor, sino a aquellos miembros de la comunidad sin ciudadanía que también han sufrido malos tratos y discriminación racial en el sistema de justicia penal. El castigo por estos delitos incluye el encarcelamiento y la deportación, los cuales separan a las comunidades y las familias.
ILC ha representado a personas atrapadas en estas trampas legales durante muchos años y está comprometido con la despenalización de la inmigración trabajando en asociación con defensores de los derechos civiles e inmigrantes y las comunidades directamente afectadas, para así poner fin a los procedimientos legales para entrada y regreso a los Estados Unidos. Además, garantizar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso al debido proceso y a una justicia justa.
La Ley Federal de Inmigración de los Estados Unidos criminaliza a los inmigrantes de numerosas formas, entre ellas:
Las leyes de inmigración promulgadas en 1996 crean un doble castigo para los inmigrantes con antecedentes penales.
Las secciones 1325 y 1326 del código de los Estados Unidos hacen que la entrada ilegal al territorio sea un delito federal entrando a los Estados Unidos. Esa ley alimentó el encarcelamiento masivo de comunidades, separaron a las familias y causaron graves daños a las mismas al someter a miles a detenciones y deportaciones.
Fin del doble castigo injusto
Independientemente de su estatus, los inmigrantes a menudo son doblemente penalizados injustamente en sus interacciones con el sistema de justicia penal. Cuando esto se combina con prácticas policiales discriminatorias y racistas dirigidas a las comunidades extranjeras, estas leyes ponen a las comunidades de inmigrantes en constante riesgo de detención, deportación y separación de sus familias.
Las leyes de inmigración que criminalizan esta entrada sin autorización y castigan injustamente a quienes han interactuado con el sistema de justicia penal, separan a las familias y destruyen comunidades en cada etapa del proceso migratorio.
Muchas de las fracturas familiares que continúan ocurriendo en la frontera son por parte de niños separados de sus padres, los cuales están acusados de actividad delictiva. En estos casos con poca o nula explicación del gobierno que justifique las separaciones.
Más allá de la frontera, las leyes que incentivan penas más estrictas para los no ciudadanos, incluida la deportación, fomentan la separación de las familias, enviando a madres y padres al exilio permanente.
Despenalización de la migración
Las leyes 1325 y 1326 del Título 8 de los EE. UU. convierten en un delito federal ingresar o reingresar a los Estados Unidos después de una deportación sin la debida autorización. Estas leyes son perjudiciales, costosas y discriminatorias en su origen y aplicación.
Los delitos relacionados con la migración son los delitos federales más perseguidos en USA. Estos cargos se llevan a cabo en audiencias masivas, que son una burla al debido proceso. El Departamento de Justicia se jactó de haber procesado a más personas por delitos de inmigración en el año fiscal 2019 que en los últimos 25 años: 25,426 personas reingresadas ilegalmente por delitos graves; y 80,866 con un delito menor de ingreso indebido al país.
El ejecutivo tiene amplios poderes para decidir cómo se aplican las leyes federales de inmigración y penales. En el año fiscal 2018, el Departamento de Justicia acusó a un 85 por ciento más de inmigrantes por entrada ilegal, que en el año anterior y aumentó los enjuiciamientos penales por delitos graves en más del 38 por ciento.
Las fuerzas del orden relacionadas con la inmigración también se utilizan para criminalizar a los miembros antiguos de la comunidad estadounidense simplemente por violar las leyes de inmigración.
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