Proyecto de transparencia y derechos humanos

El Proyecto de Transparencia y Derechos Humanos del Centro Nacional de Justicia utiliza las leyes federales de libertad de información y divulgación de registros locales para combatir el secreto y exponer el abuso sistémico en el sistema de detención y el servicio de inmigración de EE. UU. El proyecto trabaja para resolver el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo y exige la rendición de cuentas de las autoridades que violan los derechos humanos.

Divulgación de inspección y contrato de detención de ICE

Desde 2015, el litigio de la Ley de Libertad de Información de ILC (FOIA) ha resultado en la divulgación pública más completa de los contratos e inspecciones de instalaciones de detención de ICE hasta la fecha. Los miles de páginas de documentos brindan una visión sin precedentes de un sistema excepcionalmente abusivo que carece de responsabilidad, protege a ICE del escrutinio público y permite a los gobiernos locales y las empresas penitenciarias privadas maximizar descaradamente sus ganancias a expensas de los derechos humanos básicos. Presentado por ILC, a menudo en colaboración con grupos locales de derechos de inmigración, han descubierto cómo los gobiernos locales han utilizado y cómo se ha llevado a cabo la detención de inmigrantes. ICE usó a menudo estos contratos para eludir la ley federal de adquisiciones y limitar la responsabilidad por violaciones dentro de los muros de sus prisiones. Estos esfuerzos de transparencia son importantes para los esfuerzos comunitarios, legales y legislativos para prevenir la expansión de nuevas instalaciones de detención de ICE.

Exponiendo abusos de derechos humanos detrás de leyes que criminalizan la migración

La ILC presentó una serie de investigaciones FOIA para investigar el uso de las Secciones 1325 y 1326 del Título 8 del Código de EE. UU. Luego de una orden de deportación o deportación sin la debida autorización. Las comunidades de inmigrantes y los abogados continúan documentando los daños asociados con las fuerzas del orden relacionadas con la inmigración, y los miembros del Congreso han reconocido las violaciones del debido proceso por parte de las fuerzas del orden y han promulgado leyes para derogar las leyes federales que hacen que la entrada a los Estados Unidos sea un delito sin autorización.